Letras tu revista literaria

viernes, 31 de agosto de 2012

Los ciento cincuenta mil



La lentitud del magma


Por Pedro Luis Ibáñez Lérida* 

"La muerte de cualquier hombre me disminuye porque
estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca
hagas preguntar por quien doblan las campanas:
doblan por ti".
 John Donne

   
Llegados a este punto no es de extrañar las razones de los nuevos tiempos. Afines a los que Charles Chaplin, actor, compositor, escritor, director y productor cinematográfico, protagonizó en “Tiempos modernos”, una magnífica película del año 1936. Es la última aparición del personaje de Charlot. La película es muda pero incorpora una banda sonora, a la que también se añade la voz del actor inglés en una escena cautivadora en la que improvisa la letra de una canción mezclando palabras de diferentes idiomas. Retrata una sociedad alienante y alienada por la delirante y presionante producción industrial, en la que los trabajadores son exclusivamente piezas prescindibles y sustituibles de la cadena de montaje capitalista, consecuencia de la Gran Depresión Americana de 1929. Chaplin se expresaba así con respecto a ésta El desempleo es la cuestión más importante… la introducción de las máquinas en el trabajo debería ser de ayuda a la humanidad, y no una fuente de tragedia dejando a la gente sin trabajo”.
Razones, como simple pretexto, o sinrazones, en la mejor tradición eufemística reinventada y con plena vigencia. Según se desprende de las declaraciones públicas del gobierno, conviven de esta guisa en el nuevo descenso a los infiernos al redefinir la situación sanitaria del inmigrante en situación irregular. Un nuevo capítulo en la adecuación a estos "Tiempos modernos" al pecunio como un idolatrado becerro de oro. El Tribunal de Cuentas constataba, en un informe del año 2009, que se habían dejado de recaudar 970 millones de euros por la incompetencia del Sistema Nacional de Salud en cobrar a otros países la atención sanitaria de sus ciudadanos. Y centraba esta cantidad exclusivamente, en los países de la Unión Europea –UE- y Noruega, Islandia y Suiza –EFTA- con los que existen acuerdos de esta naturaleza. Asimismo manifestaba la insuficiencia de los medios con los que cuentan las comunidades autónomas para asumir esa capacidad gestora. España ha suscrito hasta la fecha 21 convenios bilaterales con los que se regulan la cotización de los ciudadanos de ambos países. Sin embargo sólo seis de ellos reconocen el derecho a recibir asistencia sanitaria: Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez. Aunque limitado por la necesidad de estar dado de alta en la Seguridad Social.
 Derecho universal y gratuito o factura universal y rediticia. He ahí la cuestión planteada sin filos romos. El afán recaudatorio resume la verdadera dimensión de la limitación de derechos sanitarios a los inmigrantes. Su pretensión es cobrar a los países de origen la prestación efectuada. Aunque también suscriben como posibilidad la invitación excusatoria de asistencia a los servicios de urgencia para que valoren su caso y consideren la “urgencia” del mismo. O contratar un seguro médico con las autonomías por un valor anual de unos 700 euros por persona. La controversia está servida. Si bien hay otro asunto que induce a pensar en la vigilancia y control no precisamente de la salud. La conversión de los hospitales en telarañas policiales donde capturar a los inmigrantes indocumentados. Esta visión maquiavélica dentro de lo estrictamente sanitario se subraya en lo estrictamente policial en la continuidad de los CIE –Centro de Internamiento de Extranjeros- tras los informes del Defensor del Pueblo que denunciaban la vulneración de derechos constitucionales y humanos. Según datos del año 2009, 16.590 personas  fueron internadas. Es decir privadas de libertad con la finalidad de ser expulsados. De éstas sólo 8935 fueron expulsadas, por lo que más de un 50 por ciento de los internamientos no tenían fundamento legal. Insistía este organo constitucional -algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha lo han suprimido por mor de los ajustes- que este tipo de centros deben contar con un reglamento de régimen interno que garantice plenamente sus derechos, instalar y utilizar medios de grabación, limitar el uso del castigo de incomunicación, respeto escrupuloso a los derechos de los internos e investigación de cualquier incidente o denuncia.   Las instituciones públicas no siempre velan por la integridad del ser humano. Desafecto principio el que malogra su esencia y se convierte en mero brazo ejecutor, degenerado y despiadado. No por acción sino por omisión.
El próximo 1 de septiembre, 150.000 personas que viven en España de manera irregular -sin permiso de residencia ni trabajo- dejarán de ser asistidos en la red sanitaria pública. Las comunidades autónomas que acojen a más de la mitad de estas personas, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco, han expresado su intención de respetar la universalización del servicio de salud, como hasta ahora. Pero más allá de lo que pueda significar y traducirse en un tablero de ajedrez de signo político, lo significativo es el proceso de desobediencia civil que se enuncia por los médicos ante lo que califican como "apartheid sanitario". El escritor, filósofo y naturalista estadounidense Henry David Thoreau argüia "La ley jamás hizo a los hombres un ápice más justos; y, en razón de su respeto por ellos, incluso los mejor dispuestos se convierten a diario en agentes de la injusticia". A los ciento cincuenta mil no les queda otra opción que permanecer al margen de la ley, cuestión que no nos debe de sorprender si somos sensibles a la situación en la que se encuentran desde su llegada a nuestro país.

Pedro Luis Ibáñez Lérida, poeta, articulista, coeditor de Ediciones En Huida. Contacto: pedrolerida@gmail.com


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